Si bien son loables los intentos por encontrarle una solución pacífica al conflicto armado, también se deben definir como irresponsables las estrategias que en nombre de la paz terminan debilitando la institucionalidad y contribuyen a la reconfiguración de los actores insurgentes.
El presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia con una serie de propuestas orientadas a fortalecer la manera en que el Estado aborda el enfrentamiento armado, partiendo de la premisa de que este no se explica únicamente por la confrontación armada, sino también por factores estructurales como la concentración y el uso desigual de la tierra. En ese sentido, su política de “paz total” ha buscado articular diferentes instrumentos como reformas agrarias y reformas rurales integrales con estrategias de desarrollo alternativo, entre ellas la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, retomando y reconfigurando lo planteado en el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo ese enfoque, el gobierno ha priorizado la transición de economías ilegales hacia actividades productivas legales, logrando vincular a miles de familias campesinas y avanzar en la sustitución de decenas de miles de hectáreas de coca, en un intento por intervenir las bases económicas de la violencia estructural.
El balance de estos proyectos es, por supuesto, discutible: plausible en su intención social, aunque sus resultados, más que concluyentes, abren interrogantes sobre los ritmos y alcances de la transformación rural que se propone.
Pero yendo de lleno a la política de seguridad “paz total”, se puede considerar esta política de negociación como otro fracaso en la larga lista de negociaciones que ha tenido el estado colombiano con estructuras subversivas por más de 50 años.
El presidente Petro ha destacado algunos avances de su gobierno, con acompañamiento internacional, en diálogos con disidencias de menor escala dentro de los principales actores armados del país. Países garantes como Suiza, España y Noruega han respaldado algunos de estos procesos. En particular, Petro hace referencia a “Los Comuneros del Sur”, una facción escindida del ELN que, según ha señalado, ha manifestado su intención de abandonar las armas y colaborar en la sustitución de cultivos ilícitos.
“Si deja las armas, si ayuda a sustituir los cultivos y abandona la violencia, es positivo para la sociedad colombiana”, señala el mandatario, insistiendo en que la salida al conflicto pasa por la transformación social y económica de los territorios.
Gustavo Petro formó parte de un grupo guerrillero en los años 70, El M-19 nació como una respuesta contra el fraude electoral contra Gustavo Rojas Pinilla y que dio por ganador a Misael Pastrana Borrero en las elecciones presidenciales de ese año. El Eme inició una lucha armada que incluyó acciones temerarias, como el del robo de la espada de Bolívar, el robo de 5.000 armas al Ejército en el Cantón Norte, la toma de la embajada de República Dominicana, el cruel asesinato del sindicalista José Raquel Mercado y la terrible toma del Palacio de Justicia.
Después de la trágica toma y retoma del palacio de justicia, el M-19 percibió que el país estaba harto de la violencia y el miedo, y decidieron buscar una solución pacífica a tantos episodios violentos, el grupo guerrillero se acercó al gobierno de Virgilio Barco con una propuesta de paz estructurada en torno a lo que su comandante, Carlos Pizarro, denominó tres rectificaciones fundamentales. Planteaba no solo la dejación de las armas, sino también redefinir las bases del Estado: por un lado, impulsaba la construcción de una nueva Constitución que funcionara como soporte de un acuerdo duradero; por otro, proponía un programa de desarrollo económico orientado a la justicia social; y, finalmente, planteaba una visión de convivencia basada en la unidad nacional y la soberanía. En este contexto, la iniciativa del M-19 contribuyó a configurar un marco más amplio de diálogo orientado a la incorporación de otros actores armados al proceso de negociación. De este modo, a mediados de 1990, el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Quintín Lame adoptaron la vía negociada como mecanismo de resolución del conflicto. Un año más tarde, en 1991, estos grupos también llegaron a un pacto con el Estado.
Antonio Navarro Wolff, miembro y jefe negociador del M-19, señaló que el acuerdo de paz con esa organización se sustentó en el intercambio entre participación política y dejación de armas. La claridad de este planteamiento contribuyó a su viabilidad y a su impacto institucional, reflejado en procesos como la Constitución de 1991. Pese a un contexto de violencia política —incluido el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro—, el Eme mantuvo su proceso de reincorporación a la vida civil.
Así como ocurrió con el Eme, durante todos estos años el estado colombiano ha tratado de mantener mesas de diálogos de paz con diferentes estructuras armadas. El gobierno de Cesar Gaviria continuó con el proceso de desmovilización de organizaciones como el Quintín Lame y el EPL mencionados anteriormente. En los años siguientes, el gobierno de Ernesto Samper intentó sin éxito avanzar en diálogos con las FARC-EP y el ELN. Posteriormente, y en un intento por retomar y profundizar esa vía, la administración de Andrés Pastrana impulsó un proceso de negociación más ambicioso con las FARC-EP que terminó fracasando abruptamente.
Más adelante, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez adoptó una polémica estrategia de seguridad. Mantuvo mano dura contra las FARC pero promovió la desmovilización de estructuras paramilitares conocidas como las Autodefensas Unidas de Colombia; sin embargo, la reconfiguración de estas estructuras paramilitares en su segundo mandato evidenció las limitaciones y el fracaso de dicho proceso.
A su vez, el gobierno de Juan Manuel Santos impulsó y alcanzó un acuerdo de paz con las FARC-EP, siendo el más significativo en décadas y dejó instalando diálogos con el ELN. La administración de Iván Duque heredó este último proceso, pero lo condicionó y posteriormente lo suspendió tras el atentado en Bogotá por parte del ELN contra la Escuela de policía General Santander.
La paz de Santos estuvo marcada desde sus inicios por dificultades estructurales y cuestionamientos incluso al interior de su propia gestión. Estas limitaciones no solo condicionaron su desarrollo, sino que se profundizaron con la llegada de su sucesor, Iván Duque, quien implementó una nueva política llamada «Paz con Legalidad», la cual según analistas y académicos se caracterizó por reestructurar, dilatar y obstaculizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Duque enfocó su gestión en la seguridad de los excombatientes, pero redujo la compra de tierras, objetó leyes de la JEP y frenó la sustitución de cultivos, lo cual no detuvo el crecimiento y reorganización de los nuevos actores ilegales.
Esto y la falta de compromiso con el acuerdo de algunos de los mayores comandantes de las FARC como Iván Marquez y Jesús Santrich, resultó en la creación de nuevas disidencias de las FARC. Una de estas disidencias es la responsable del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
Los nuevos actores de la violencia
Actualmente, en Colombia operan diversas estructuras criminales con presencia en amplias zonas del territorio nacional. En la región del Magdalena se identifican las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —estructura local derivada del antiguo Bloque Tayrona de las AUC—. En el suroccidente del país hacen presencia los Comuneros del Sur —disidencia del ELN—, así como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —disidencia de la Segunda Marquetalia—.
Por su parte, el ELN mantiene una fuerte concentración en la frontera con Venezuela, mientras que las disidencias lideradas por alias “Mordisco” operan en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Otras facciones, como las disidencias de alias “Calarcá”, tienen presencia en regiones de la Amazonía y el Catatumbo. A su vez, la Segunda Marquetalia se ubica principalmente en Vichada y Guainía. Finalmente, el Clan del Golfo —heredero de las antiguas estructuras paramilitares— se consolida como el grupo armado más grande y con mayor capacidad operativa del país.
Los problemas de seguridad nacional están directamente asociados a la presencia de estos actores armados y a su articulación con redes criminales urbanas. Su principal dinámica de confrontación gira en torno al control territorial y al dominio de economías ilegales, especialmente aquellas relacionadas con el oro, la marihuana y la coca.
En los últimos años, diversos grupos criminales han intentado atribuirse motivaciones políticas como mecanismo de legitimación. El Clan del Golfo, por ejemplo, se autodenomina “Ejército Gaitanista de Colombia”. El reconocimiento de esta denominación por parte del Estado colombiano generó amplias controversias, entre ellas la protesta de Gloria Amparo Gaitán, hija del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien incluso inició una huelga de hambre en rechazo a esta decisión. Su postura se fundamentó en la defensa del legado gaitanista como una expresión de lucha democrática orientada a la paz, incompatible con la violencia ejercida por estos grupos
El reconocimiento político que el gobierno Petro le ha dado a diferentes estructuras ilegales, los ceses al fuego y la falta de un marco jurídico claro en las mesas de negociación de paz con estos son parte de las estrategias que considero profundamente irresponsables y que han permitido que los actores armados sigan expandiendo su poder y control en los territorios.
En su momento, la negociación liderada por Juan Manuel Santos —que, por supuesto, no estuvo exenta de episodios cuestionables— se caracterizó por una mayor organización en la conducción de las mesas de diálogo. En particular, no se establecieron ceses al fuego durante el proceso, lo que permitió mantener la presión estatal mientras avanzaban las negociaciones.
Gustavo Petro incurre en un error al asumir que los actores armados actuales conservan una filiación política comparable a la que en su momento tuvo el M-19
En sus extensos pronunciamientos en redes sociales, ha dejado en evidencia su intención de acercarse a estas estructuras y tratarlas como actores de una guerra política, apelando incluso a las ideas y símbolos de Camilo Torres. Sin embargo, esta interpretación resulta problemática, pues supone que los integrantes de estos actores criminales como el ELN actúan bajo principios como los que promovía el cura guerrillero, cuando en la práctica, sus dinámicas solo responden a lógicas de economías ilegales y control territorial.
El gobierno inició múltiples mesas de diálogo: algunas fueron suspendidas, otras se mantuvieron activas, pero en medio de ese proceso —que en gran medida produjo resultados limitados— se desaprovecharon oportunidades clave para debilitar a estas estructuras ilegales. Entre ellas, la posibilidad de capturar a uno de los principales jefes de las disidencias de las FARC, Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
El mayor desacierto estratégico del gobierno Petro en este tema de seguridad fue haber dejado ir como si nada a este jefe guerrillero. En julio de 2024, integrantes del Ejército en Anorí (Antioquia), detuvieron una caravana en la que viajaban integrantes de la disidencia incluido el cabecilla, llevaban armas, dinero en efectivo y un menor de edad, razones suficientes para detenerlos por delitos en flagrancia, pero fueron dejados en libertad, ya que en ese momento estaban cobijados por su condición de “gestores de paz”
Además, durante la diligencia incautaron cientos de dispositivos electrónicos, (celulares y computadores). Un informe especial de Noticias Caracol demostró que en esos equipos se encontró información que sugeriría presuntas relaciones entre las disidencias y un alto funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía; y el jefe de personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas. El reportaje apuntaba a que los funcionarios del Estado estarían suministrando información al grupo ilegal para evadir operativos. El hallazgo no solo abrió una línea de investigación sobre eventuales redes de apoyo o fugas de información a las disidencias, sino que también evidenció en público un bochornoso episodio de como la fuerza pública tuvo limitaciones para capturar a cabecillas de este grupo criminal por la irresponsable política de paz total.
Juan Manuel Santos Calderón señaló, en una entrevista con María Jimena Duzán, que desde un inicio advirtió a Gustavo Petro y a su gobierno sobre las limitaciones de la propuesta de una nueva política de paz. Según Santos, además de pretender negociar simultáneamente con catorce grupos armados distintos, el gobierno no contaba con una estructura lo suficientemente rigurosa para garantizar la continuidad en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, ni con un marco jurídico sólido que permitiera establecer límites claros en las negociaciones.
Esta falta de solidez en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 también se reflejó en el plano internacional. El respaldo que tradicionalmente había mantenido el Consejo de Seguridad de la ONU —caracterizado por su unanimidad frente a las decisiones relacionadas con el acuerdo— comenzó a fracturarse cuando Estados Unidos, bajo la línea política de Donald Trump, planteó objeciones al alcance de la misión, en particular frente a la verificación de sanciones de la JEP y a ciertos enfoques del acuerdo, incluidos componentes de carácter étnico. Este giro, más que un hecho aislado, evidenció cómo las debilidades en la implementación interna terminaron abriendo espacio a presiones externas de naturaleza política e ideológica, debilitando un consenso internacional que hasta entonces se había mantenido sólido.
A día de hoy, y pese a los gravísimos cuestionamientos derivados de los archivos relacionados con alias “Calarcá”, la Fiscalía mantiene suspendida la orden de captura contra el cabecilla. La fiscal Luz Adriana Camargo ha instado al presidente Petro a retirarle la condición de negociador de paz; sin embargo, aunque Petro ya suspendió la mesa de negociación con esa disidencia, la decisión de reactivar la orden de captura continúa sin adoptarse. Resulta inadmisible la falta de determinación de Petro en situaciones de esta naturaleza, cuyas consecuencias se reflejan en la persistencia de la violencia que afecta tanto a civiles como a miembros de la fuerza pública en todo el país.
Al presidente Petro le he escuchado reconocer que los nuevos actores de la violencia son netamente narcotraficantes, incluso señala que hoy ya no existen guerrilleros, insiste en el pensamiento de que los grupos armados son solo traquetos. Desde una perspectiva objetiva, esta lectura resulta, en buena medida, acertada. Hace unos días se evidenció su entendimiento en un pronunciamiento en X, donde afirmó que estas estructuras no son insurgentes sino organizaciones delictivas ligadas a economías ilícitas, y que la paz con ellas pasa por un enfoque sociojurídico más que político.
Pero lo que resulta incoherente es que, si el propio presidente reconoce que la violencia hoy proviene de estructuras narcotraficantes, ¿por qué insiste en hablarles de paz y darles representación política?
Petro mantiene ambiguo el uso de las capacidades de la Fiscalía y la fuerza pública frente a distintos grupos armados: mientras en algunos casos se privilegian enfoques de negociación, en otros —como las disidencias de Iván Mordisco— se recurre a operaciones militares y bombardeos. Acciones como la Operación Perseo, desplegada para recuperar el corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca), evidencian una estrategia más tradicional de seguridad frente al narcotráfico. Esta operación muestra, por un lado, la necesidad de perseguir y enfrentar con fuerza a las estructuras criminales para limitar su accionar; pero también expone las limitaciones del Estado, que responde principalmente con intervención militar, sin un acompañamiento suficiente en materia de infraestructura, tecnología, salud y desarrollo territorial.
Entre amnistías fallidas y la lógica de la guerra
Es importante comprender que los intentos de desarme y negociación con actores armados no son recientes en la historia del país. Desde la época del general Gustavo Rojas Pinilla, se promovió y se logró la desmovilización de aproximadamente 6.500 guerrilleros; sin embargo, el conflicto y la violencia de la época no cesó. El incumplimiento de varios compromisos incluidos en la amnistía llevó a que numerosos combatientes retomaran las armas, contribuyendo a la intensificación de la violencia.
Tras la renuncia de Rojas Pinilla, asumió la presidencia Alberto Lleras Camargo, quien impulsó un nuevo intento de amnistía con el objetivo de contener la violencia política. No obstante, la violencia persistió y alcanzó un nivel de mayor crudeza y fragmentación, derivando en diferentes fenómenos violentos como el bandolerismo.
En este contexto de persistencia de la violencia y de reiterados intentos fallidos de amnistía, llegó a la presidencia un líder que prometía mano dura, garrote y firmeza contra los indeseables grupos criminales. El conservador Guillermo León Valencia, apodado por muchos como el “presidente de la paz”, se destacó por su estrategia denominada el “Plan Lazo”. Su política de pacificación, en colaboración con Estados Unidos, atacó férreamente a los movimientos comunistas, eliminó a un gran número de los infames bandoleros y dio inicio a la gran Operación Soberanía, una ofensiva concebida con el objetivo de destruir las llamadas “repúblicas independientes”, como Marquetalia, donde no había presencia del estado y se escondían las guerrillas comunistas. Más de 16.000 hombres fueron desplegados en la zona y, durante semanas, helicópteros y aviones bombardearon los territorios como muestra de poder y control soberano.
Fue tan exitosa la operación ordenada por Valencia, que fue ahí mismo en Marquetalia donde las cuadrillas armadas insurgentes se bautizaron después a sí mismas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Gracias a esa exitosa operación nació la guerrilla más poderosa y longeva de la historia de américa latina.
60 años después, el estado colombiano sigue debatiéndose si la solución a este fenómeno de violencia se resuelve mediante diálogos de paz o violencia indiscriminada por parte del estado.
Entre la guerra y la transformación estructural.
Lo cierto, es que ahora la nación enfrenta una crisis de seguridad mucho más fragmentada. Los actores ilegales ondean banderas políticas que ni ellos mismos entienden, se disputan a muerte el control de las mercancías ilícitas, siguen reclutando menores de edad y atacando indiscriminadamente a la población civil.
Pretender acabar el conflicto negociando paz con narcotraficantes es inviable, asumir que los actores armados se extinguirán entre más bala y bomba se les dé es irrealizable. El verdadero reto radica en la transformación de las condiciones de vida, salud, educación y empleo en las zonas históricamente más olvidadas por el Estado, de manera que la población encuentre alternativas reales de desarrollo y no se vea empujada hacia el enriquecimiento rápido que ofrecen las economías ilegales.
Este problema no es únicamente estructural, sino también cultural. Resulta preocupante la expansión de una narcocultura que normaliza en redes sociales la exhibición de armas, dinero y sustancias psicoactivas. Esta lógica simbólica se ha ido extendiendo entre los más jóvenes, alimentando dinámicas de codicia y aspiraciones de poder asociadas a la ilegalidad.
La solución a este problema cultural y socioeconómico parece ser utópica.
Los gobiernos de Colombia y del mundo tienen la responsabilidad de garantizar a sus poblaciones seguridad y tranquilidad en los territorios, así como el acceso a educación de calidad, salud, innovación tecnológica y demás herramientas que permitan promover el desarrollo integral. En ese sentido, la construcción de una cultura de paz no depende únicamente de la ausencia de violencia, sino también de la capacidad del Estado para generar condiciones estructurales que la hagan posible, incluyendo el impulso del arte y la formación cultural como espacios de transformación social. Esa, en última instancia, es la verdadera fórmula para la paz.
Mientras tanto, en Colombia siguen ocurriendo atentados, los grupos criminales siguen azotando a las poblaciones como ocurrió el fin de semana en el Cauca.
Le quedan 4 meses de gobierno a Gustavo Petro y parece que su único legado en la búsqueda por la paz será unirse a la larga lista de mandatarios que fracasaron al intentar desmovilizar los actores armados. A Gustavo Petro hay que recordarle las palabras de Jaime Batemán, que sostenía que “el pueblo puede perdonar los errores, pero jamás perdonará la incoherencia”. Y Petro, especialmente, no solo ha cometido errores, sino que ha sido incoherente en sus acciones.
Petro debe bajarse de sus retóricos discursos sobre la paz y la vida, y entender que su pobre política de paz no logró lo que esperaba. Otorgar reconocimiento político a estructuras ilegales, negociar sin un marco jurídico sólido ni una estrategia coherente de seguridad, termina debilitando la institucionalidad y favoreciendo la expansión de la violencia. Es inadmisible que el gobierno Petro mantenga suspendidas órdenes de captura contra criminales como alias “Calarcá”.
Estas decisiones no pueden interpretarse como acciones orientadas a la construcción de la paz, sino como medidas profundamente irresponsables que le cuestan la vida a cientos de colombianos.